Pactos colectivos abusan del derecho y son descomunales

Análisis por caso MPCH. El abogado laboralista Carlos Palomino señaló que los acuerdos están por encima del presupuesto.

Ante el conflicto que existe en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) a causa de los pactos colectivos para obreros y empleados, situación que ha generado posiciones encontradas entre el titular del pliego y los servidores ediles, el abogado laboralista Carlos Palomino Guerra enfatizó que algunas negociaciones colectivas en entidades públicas resultan abusivas y descomunales, pues están por encima del presupuesto.

Señaló que la Constitución en su artículo 48 regula solo el derecho a crear sindicatos y la libertad sindical, más no consigna los pactos colectivos.
Tal es así que la Ley de Presupuesto prohibía todo tipo de negociación colectiva en el sector público. Sin embargo, precisó que en el 2015 se presentó una demanda inconstitucional a dicha norma.

“El Tribunal Constitucional (TC), la declaró inconstitucional”, expresó.
Palomino enfatizó que las negociaciones colectivas no solo significan aumento de sueldos para el trabajador, sino también establece la herencia laboral que permite a los parientes del trabajador acceder a un puesto laboral, lo que —dijo— más parece un acuerdo medieval.

“Este tipo de beneficios se contemplan en los pactos colectivos del municipio de Chiclayo y de otras comunas”, enfatizó.

Apreciación

Líneas seguidas enfatizó que la decisión del alcalde Marcos Gasco Arrobas de anular el pacto colectivo no es la medida más idónea de resolver el problema.

Si bien precisó que los trabajadores hacen abuso del derecho de negociación, Palomino afirmó que el pacto colectivo no se anula de manera unilateral, tal como sucedió en la municipalidad de Chiclayo.

“Son las partes las que pueden hacerlo, es decir el alcalde y los trabajadores”, enfatizó y agregó que la otra alternativa para dejar sin efecto este tipo de acuerdos es a través de una demanda laboral.

Causal de despido

Consultado sobre la huelga indefinida que acatarán los obreros a partir de este lunes, el abogado precisó que si es declarada ilegal entonces por tres días de inasistencia habría abandono de trabajo, lo que constituye una causal de despido.

“La norma es clara y será el burgomaestre quien decida aplicarla en este caso”, anotó

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